Tras la reforma judicial en México: ¿hay seguridad jurídica?
Publicado el 6 noviembre 2024
Uno de los temas que ha encendido alarmas en los mercados financieros es la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el respaldo de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.
La norma, que prevé la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de julio de 2025, planteó cambios profundos en la estructura del poder judicial, lo que podría tener repercusiones significativas en el entorno de inversión y la estabilidad jurídica en México. Durante el SURA Advisory Forum 2024, este tema generó un profundo debate entre los expertos, quienes analizaron su impacto y los posibles escenarios para el país.
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¿Una amenaza a la seguridad jurídica?
El ex Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expresó sus preocupaciones:
La reforma al Poder Judicial ha generado incertidumbre jurídica, lo cual es perjudicial para los inversionistas.
Guajardo destacó que la desaparición de organismos reguladores, como la Comisión Federal de Competencia Económica, podría debilitar el marco legal, afectando la competitividad del país y violando compromisos asumidos en tratados internacionales como el T-MEC.
Y advirtió:
México debe garantizar condiciones de competencia igualitarias, y con esta reforma, los inversionistas podrían sentirse desprotegidos.
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Una visión diferente sobre la democracia
Por su parte, la académica Viridiana Ríos ofreció otra perspectiva:
No creo que la reforma judicial signifique la destrucción de la democracia mexicana, sino su construcción de una manera distinta.
Ríos destacó que el cambio busca brindar una representación judicial más cercana al pueblo y mayor capacidad de acción al poder electo. Sin embargo, reconoció que:
México pasará por un periodo de inestabilidad mientras se implementa la reforma, pero no se convertirá en una dictadura.
Ríos instó a los actores económicos a adaptarse y colaborar para mejorar la implementación de la reforma.
Aunque no la comparto, creo que es una reforma con una gran legitimidad y que, a estas alturas, debemos trabajar con lo que existe y buscar mejoras a través de procesos y candidatos,
agregó.
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Impacto en la inversión y desafíos por delante
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado interés en la reforma, aunque Ríos considera que el organismo tiene un papel limitado frente a la legitimidad de la normativa, con precedentes como el de Bolivia, que refuerzan esta posición.
El debate sobre la reforma judicial pone de manifiesto las tensiones entre la soberanía nacional y la estabilidad jurídica que buscan los inversionistas. La elección popular de jueces podría afectar el equilibrio de poderes y el marco regulatorio, generando interrogantes sobre la independencia del sistema judicial y su capacidad para proteger intereses privados de manera justa y equilibrada.
